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CEO. Tim Cook, presidente de Apple, denuncia un “avasallamiento” sin precedentes. (AP)
Los grupos tecnológicos y el gobierno estadounidense iniciaron una pulseada ante los tribunales sobre la protección de los datos en los teléfonos que se precian de ser inviolables, como los de Apple, compañía que se niega a dar acceso a las autoridades del contenido de un aparato del autor de un ataque en California.
El debate sobre la encriptación de datos está estancado en el Congreso, pero ayer un juez estadounidense exigió que Apple ofrezca "una asistencia técnica razonable" a la policía federal (FBI) para ayudarla a acceder al contenido encriptado del iPhone de uno de los autores radicalizados del tiroteo en la localidad californiana de San Bernardino, que dejó 14 muertos a principios de diciembre.
Apple rápidamente hizo saber su desacuerdo con la orden judicial. Su presidente, Tim Cook, denunció que había recibido una instrucción "sin precedentes" que "amenaza la seguridad" de sus clientes y "tiene implicaciones que van mucho más allá del marco legal de este caso".
Las grandes empresas tecnológicas, como Apple y Google, de hecho ofrecen cada vez más productos y aplicaciones inviolables de los cuales sólo el usuario tiene la contraseña, y se han negado hasta ahora a acatar las solicitudes de acceso a datos encriptados en el marco de investigaciones judiciales.
Estos grupos aseguran que el mejoramiento de la seguridad es necesario para que los consumidores tengan cierta confianza en sus aparatos digitales. En tanto, en la otra esquina, las autoridades temen que la inviolabilidad de los teléfonos termine ayudando a los criminales y los yihadistas.
"Es una maniobra inteligente de parte del FBI desplazarse del terreno legislativo, donde no obtendrá nada, hacia los tribunales", opina Joseph Hall, del Centro por la democracia y la tecnología, un grupo que defiende los derechos digitales. "Parece que le piden a Apple que produzca una versión del sistema operativo iOS que permita desactivar la seguridad".
La orden judicial de ayer de colaborar con el FBI puso en pie de guerra a los defensores de las libertades individuales, que consideran el fallo como una violación que permitirá a la larga una vigilancia ilimitada por parte del gobierno.
"Si el FBI puede forzar a Apple hackear los aparatos de sus propios consumidores, entonces todos los regímenes represivos del mundo también podrán hacerlo", alerta Alex Abdo, de la poderosa Asociación de defensa de las libertades civiles (ACLU).
"Apple merece nuestro respeto por mantenerse firme y garantizar que los aparatos de sus clientes sean inviolables", acotó el representante de la entidad.
La puerta trasera. La jueza Sheri Pym fundamentó su decisión en una ley que data de 1789, que da autoridad a los tribunales para ayudar a las fuerzas del orden. Pero, al hacerlo, "fue mucho más allá de sus prerrogativas" y tomó una decisión "de naturaleza legislativa", estimó Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington.
"El Congreso no ha ordenado a los fabricantes que provean puertas traseras (alteraciones en el software para que las autoridades accedan a datos encriptados), y una decisión así elevaría preocupantes interrogantes sobre la privacidad".
Berin Szoka, presidente del "think tank" liberal TechFreedom, comparte la misma opinión: "Si forzar a Apple a hackear sus propios aparatos es una asistencia técnica razonable, entonces prácticamente no hay límites en lo que las fuerzas del orden pueden obligar a las compañías a hacer para comprometer la seguridad de sus sistemas", dijo Szoka en un comunicado.
By: imanol Matos,
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